Pagar deudas en Chile empieza por un paso que casi nadie da: mirar el número exacto y de dónde sale. Hay dos informes oficiales distintos, un techo legal para los intereses, un límite para los gastos de cobranza y tres caminos formales para reordenar lo que se debe. Todo eso está escrito en la ley y se consulta en línea.
→ CMF y Boletín Comercial no son lo mismo
→ Cuánta mora hay en Chile hoy
→ La tasa máxima convencional: el techo legal
→ Gastos de cobranza: hasta cuánto pueden sumarte
→ Las tres salidas: repactar, portar o renegociar
→ Cuándo deja de aparecer la deuda
→ Preguntas frecuentes
Dónde está el número real de tu deuda
El documento que consolida lo que una persona debe al sistema financiero se llama Informe de Deudas y lo emite la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Reúne las obligaciones registradas por las entidades que la CMF supervisa —bancos, cooperativas de ahorro y crédito, emisores de tarjetas y sociedades de apoyo al giro— y muestra saldos vigentes, morosos y castigados. Se pide en conocetudeuda.cmfchile.cl o a través de ChileAtiende, con ClaveÚnica, y no se cobra por el trámite.
Hay dos detalles operativos que conviene tener presentes antes de entrar. El primero: desde el 15 de diciembre de 2025 el acceso exige un segundo factor de autenticación, un código que llega al correo registrado, así que hay que tener a mano ese casillero. El segundo: el informe se actualiza semanalmente, con un desfase de entre 10 y 20 días. Si pagaste una cuota anteayer, es normal que todavía no se refleje. Quien no pueda hacerlo en línea también puede pedirlo presencialmente en la oficina de la CMF, en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 1449, en Santiago.
CMF y Boletín Comercial no son lo mismo
Es la confusión más cara del tema. El Informe de Deudas de la CMF muestra cuánto debes y a quién dentro del sistema financiero regulado. El Boletín Comercial que administra la Cámara de Comercio de Santiago —el que popularmente se llama Dicom y hoy opera Equifax— es un registro de morosidad y protestos, e incluye acreedores que no son bancos: casas comerciales, servicios, letras y cheques protestados.
Además existe un tercer documento que suele pasarse por alto. La Ley 20.575 le da a cada persona el derecho a solicitar, sin pago, un informe que detalla qué instituciones consultaron su RUT en los últimos doce meses. No muestra deudas: muestra accesos. Es útil cuando alguien quiere entender por qué le rechazaron un crédito de consumo o una cuenta bancaria, porque un exceso de consultas en poco tiempo es leído por los modelos de riesgo como señal de búsqueda desesperada de financiamiento.
Cuánta mora hay en Chile hoy
El termómetro más citado es el Informe de Deuda Morosa que publican trimestralmente la Universidad San Sebastián y Equifax. En su edición número 52, correspondiente al primer trimestre de 2026, registró 4.011.868 personas con deuda impaga en el país. El monto total en mora llegó a US$ 10.828 millones, equivalentes al 2,93% del PIB, con un alza de 15% en doce meses.
El dato que más ordena la conversación es el promedio: $2.514.194 por persona morosa, un 7,1% más que un año antes. Y la concentración está en el medio de la tabla: el 64,7% de los casos se ubica entre $100.000 y $3.000.000. Es decir, la mora típica en Chile no es una hipoteca impagable, sino una acumulación de saldos de tarjeta, créditos de consumo cortos y cuentas de casas comerciales. Eso importa porque define qué herramienta legal aplica: los montos de ese rango califican para casi todas las salidas que se describen más abajo.
La tasa máxima convencional: el techo legal
La Ley 18.010 fija un límite superior al interés que se puede pactar en una operación de crédito de dinero. Ese límite es la tasa máxima convencional (TMC), que equivale a 1,5 veces la tasa de interés corriente del segmento y que la CMF publica mensualmente, alrededor del día 15, en el Diario Oficial. Cobrar por sobre la TMC no es una infracción menor: el exceso se rebaja al interés corriente.
| Segmento (operaciones de julio de 2026) | TMC anual |
|---|---|
| No reajustables, más de 90 días, hasta 200 UF | 41,26% |
| No reajustables, más de 90 días, entre 200 y 5.000 UF | 27,89% |
| No reajustables, más de 90 días, sobre 5.000 UF | 17,62% |
| No reajustables, menos de 90 días | 54,03% |
| Reajustables en UF, más de 90 días | 14,11% sobre la variación de la UF |
La lectura práctica: casi todos los créditos de consumo, avances en efectivo y compras en cuotas de una familia chilena caen en el primer tramo, el de hasta 200 UF —unos $8,17 millones con la UF de agosto de 2026, en torno a $40.845—. Cuando una repactación deja una tasa cercana a ese techo, el costo total del crédito puede terminar siendo mayor que la deuda original, aunque la cuota mensual se vea más cómoda.
Gastos de cobranza: hasta cuánto pueden sumarte
El artículo 37 de la Ley 19.496, de protección al consumidor, pone tope a los gastos de cobranza extrajudicial. Solo pueden cobrarse una vez transcurridos los primeros 20 días de atraso, y se calculan de forma progresiva sobre el capital vencido: 9% hasta 10 UF, 6% sobre la parte que excede 10 y hasta 50 UF, y 3% sobre lo que excede 50 UF. Además, esos gastos no pueden devengar un interés superior al corriente ni capitalizarse. El SERNAC mantiene una calculadora en línea para verificar si el monto cargado calza con la ley.
✓ Nada que imite un tribunal — está prohibido enviar documentos que aludan a escritos, resoluciones o actuaciones judiciales
✓ Horarios acotados — no se permiten visitas al domicilio ni llamados en días y horas inhábiles
✓ Sin terceros — no pueden informar la morosidad a personas ajenas a la obligación, incluido el lugar de trabajo
Las tres salidas: repactar, portar o renegociar
Frente a una deuda que ya no calza con el ingreso hay tres rutas formales, y no compiten entre sí: sirven a situaciones distintas.
Repactar es acordar con el propio acreedor un nuevo plazo, una nueva tasa o el traslado de la mora al capital. Es la vía más rápida y la que menos requisitos exige, pero también la más cara en el largo plazo, porque extender el plazo casi siempre significa pagar más intereses en total.
Portar es cambiar el crédito de proveedor bajo la Ley 21.236 de portabilidad financiera. El cliente presenta una solicitud de portabilidad al nuevo proveedor indicando qué productos quiere terminar; ese nuevo proveedor pide al banco actual el certificado de liquidación, que debe entregarse en un plazo de cinco días y que detalla saldos, tasas y el total a pagar. Con ese dato en mano, el nuevo proveedor formula una oferta de portabilidad por escrito, cuya vigencia no puede ser inferior a siete días hábiles bancarios. Si el cliente acepta, los productos quedan disponibles al día hábil bancario siguiente y los saldos a favor se devuelven en un máximo de tres días hábiles bancarios. La emisión de la oferta no puede significar costo alguno para el cliente.
Renegociar ante el Estado es el procedimiento concursal de renegociación de la persona deudora, regulado por la Ley 20.720 y tramitado ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir). Es la única vía que suspende las ejecuciones mientras se negocia, y no exige abogado ni cobra al solicitante.
Se necesitan al menos dos obligaciones vencidas por más de 90 días corridos, provenientes de deudas distintas, que sumen más de 80 UF —cerca de $3,27 millones con la UF de agosto de 2026—. Además hay que ser persona natural y no haber sido contribuyente de primera categoría en los 24 meses previos.
Declaraciones juradas de patrimonio, deudas e ingresos, documentos que acrediten cada deuda con no más de 30 días de antigüedad y respaldo de ingresos: últimos tres meses si eres trabajador dependiente, doce meses si eres independiente.
La Superir cita a los acreedores y se fija el monto total real de las deudas. Es donde se depuran cobros duplicados, intereses mal calculados y acreedores que ya no son titulares.
Se presenta la propuesta de pago y los acreedores votan. Si se aprueba, queda un acuerdo con cuotas ajustadas a la capacidad real de pago.
Cuando no se llega a acuerdo, se propone la realización de los bienes declarados. Desde la admisibilidad y hasta el término del procedimiento, los acreedores no pueden iniciar juicios ejecutivos ni pedir la liquidación, y se suspenden los intereses moratorios pactados.
Cuándo deja de aparecer la deuda
El artículo 18 de la Ley 19.628 es claro en dos puntos. Primero, los datos sobre obligaciones económicas, financieras, bancarias o comerciales no pueden comunicarse una vez transcurridos cinco años. Segundo, tampoco puede seguir comunicándose la información después de que la obligación fue pagada o se extinguió por otro modo legal. La única excepción es la entrega a los tribunales que la requieran en juicios pendientes.
Conviene no confundir dos conceptos que suenan parecidos. Que un registro caduque en el boletín no significa que la deuda desapareció: la caducidad es publicitaria y la prescripción es judicial, se alega en tribunales y corre en plazos propios —tres años para la acción ejecutiva, cinco para la ordinaria—. Una deuda puede haber salido del boletín y seguir siendo cobrable, y al revés.
La Ley 20.575, en tanto, acotó para qué puede usarse esa información. No se puede exigir el reporte comercial en procesos de selección de personal, en admisión preescolar, escolar o de educación superior, en la atención médica de urgencia ni en la postulación a un cargo público. Su uso legítimo es la evaluación de riesgo comercial y el proceso de crédito.

